El Gobierno de Canarias ha aprobado y publicado el nuevo Decreto de Turismo Activo y Ecoturismo (Decreto 138/2025, de 27 de octubre) que actualiza la normativa vigente desde 2017. Se trata de una nueva confirmación de que el turismo activo y el ecoturismo pueden regularse plenamente desde el ámbito del turismo, con sus propias normas de calidad y seguridad, y no solo desde una perspectiva deportiva o medio ambiental. El proceso de elaboración de esta norma ha superado con éxito todos los trámites administrativos, incluido el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias, y ha contado con un amplio diálogo con las partes interesadas.
En este diálogo participaron las asociaciones del sector, ANETAE a nivel nacional y Ecoactiva Canarias en el ámbito regional, que representan a unas 1.200 empresas de turismo activo en las islas, las cuales generan más de 4.000 empleos directos.
Gracias a la cooperación entre administración y empresas, con la implicación temprana de Ecoactiva Canarias, la norma se gestó de manera ordenada y consensuada.
Un marco turístico propio y un modelo para el resto de los territorios europeos
Con este nuevo Decreto, el turismo activo pasa a enmarcarse plenamente en la normativa turística, reforzando así su reconocimiento institucional. La Ley de Ordenación del Turismo de Canarias ya incluía el turismo activo dentro de los servicios turísticos y, ahora, la actualización normativa consolida esa visión e incorpora importantes mejoras orientadas a la calidad, la sostenibilidad y la seguridad de la oferta empresarial.
La norma establece el régimen jurídico específico para el desarrollo de las actividades de turismo activo y ecoturismo, regulando aspectos clave como los requisitos que deben cumplir las empresas del sector, la cualificación de los profesionales, así como los derechos y obligaciones de los usuarios y de los propios empresarios.
La prioridad de este marco legal es elevar la profesionalidad del sector y diferenciarlo de las actividades meramente deportivas o de carácter asociativo . Esto significa que las empresas de turismo activo y ecoturismo en Canarias operarán con mayor respaldo legal y criterios más claros, lo que ayuda a frenar la competencia desleal de operadores no autorizados o sin la debida cualificación.
Las novedades del nuevo Decreto un impulso a empleo
La actualización del Decreto 226/2017 mediante el nuevo Decreto 138/2025 incorpora diversos cambios y mejoras relevantes para las empresas de turismo activo. Entre los puntos fuertes y novedades destacan la garantía de que los servicios de turismo activo cumplan altos estándares de calidad turística, el refuerzo de la seguridad para clientes y profesionales, la regulación de la habilitación profesional del personal mediante títulos, certificados o acreditaciones que acrediten la competencia adecuada para cada actividad, la autorización de empresas sin imponer barreras excesivas, el control de la competencia desleal de operadores no reglados y la exigencia de requisitos orientados a prevenir el intrusismo.
Esta modernización normativa adecúa los perfiles profesionales al tipo de actividad que realizan las empresas sin exigencias desproporcionadas y tomando como referencia el sistema de acreditaciones de la formación profesional y de la formación para el empleo. Por ello, se espera que impulse la creación de nuevos perfiles profesionales y contribuya al crecimiento del empleo en el sector.
En suma, estas novedades aportan a las empresas de turismo activo un marco más claro, con reglas precisas, un entorno más profesional y competitivo, y acceso a recursos formativos y de promoción que elevan la calidad del servicio. Al mismo tiempo, clientes y visitantes disfrutarán de actividades de aventura y naturaleza con mayores garantías de seguridad y con la confianza de tratar con operadores legalmente reconocidos.
Un modelo exportable a otros territorios
El éxito de esta reforma normativa en Canarias sienta un precedente valioso que puede inspirar a otras comunidades autónomas de España. Cada territorio cuenta con sus propias regulaciones de turismo activo (en algunos casos desactualizadas o parciales), pero la vía abierta por Canarias demuestra la importancia de armonizar la normativa desde una perspectiva turística. El nuevo decreto canario destaca por su enfoque integral, al combinar turismo activo y ecoturismo, medio ambiente, formación profesional y seguridad jurídica, y por haber surgido de un amplio consenso entre la administración y el sector privado.
Desde ANETAE se valora este logro como un caso de éxito de colaboración sectorial que podría replicarse en otras regiones. La experiencia de Canarias demuestra que es posible conseguir regulaciones adaptadas a las necesidades del sector, dentro del marco de la legislación turística, que protejan la actividad empresarial y contribuyan al desarrollo sostenible.
Una conquista para el turismo activo
La aprobación y publicación del Decreto de Turismo Activo de Canarias supone una importante conquista regulatoria para las empresas del sector. Es el resultado de años de trabajo y reivindicaciones por parte de asociaciones empresariales como ANETAE y Ecoactiva Canarias, que han defendido la necesidad de dotar al turismo activo de un marco jurídico propio dentro del ámbito turístico.
Para las empresas de turismo activo y ecoturismo, especialmente para las pymes y los emprendedores locales, este decreto representa un respaldo significativo. No solo valida su actividad dentro del sector turístico oficial, sino que también impulsa su profesionalización, las protege frente a la competencia desleal y les abre nuevas oportunidades de crecimiento, ya sea mediante la creación de nichos de mercado o la ampliación de servicios formativos. En definitiva, Canarias ha dado un paso decisivo al reconocer que el turismo activo no es solo deporte o aventura, sino una pieza clave en la vertebración del territorio y en la oferta turística, merecedora de un apoyo institucional firme.
Desde ANETAE celebramos este logro y animamos a las empresas de turismo activo de todo el país a tomar nota del proceso colaborativo que ha permitido la aprobación de esta norma, en el que administración y sector empresarial han trabajado conjuntamente para alcanzar un objetivo común. Confiamos en que este ejemplo inspire a otras regiones y contribuya a seguir elevando el estándar del sector a nivel nacional.
